Una decena de manifestantes detenidos en la convocatoria del 'Rodea el Congreso' de diciembre de 2013 han sido juzgados este miércoles por delitos de desórdenes públicos y resistencia. 

Nueve de ellos afrontan hasta seis años de cárcel

Nueve de los acusados afrontan una pena de dos años de prisión por un delito de desórdenes públicos y otros cuatro por atentado a la autoridad en concurso ideal con tres delitos de lesiones. Para otros tres jóvenes piden dos años de cárcel por desórdenes públicos y otro por un delito de resistencia.

En el escrito de acusación del fiscal se señala que los encausados participaban en una concentración no autorizada bajo el lema 'Rodea el Congreso', que se desarrolló por el calles del centro de Madrid desde Neptuno hasta Sol, "donde se inició un lanzamiento de petardos y botellas".

Se acusa a una de las procesadas de dar una patada a un agente, a otros dos de patear un coche de la Policía Municipal. Cuando los agentes de la Policía Nacional fueron en su auxilio, otros de los luego detenidos "les arrojaron botellas de vidrio y piedras para evitar la intervención". Otro de ellos "propinó fuertes empujones a los agentes", mientras el resto les insultaban y desobedecían a la autoridad.

Como consecuencia de todo ello, 14 agentes resultaron heridos de diversa consideración, por lo además de la responsabilidad penal se pide responsabilidad civil con diversas cantidades para cada agente lesionado.

La defensa cuestiona las identificaciones

Sin embargo, y aunque once de los doce encausados han reconocido haber participado en la protesta (aunque afirman que "no vieron los disturbios, ni el contenedor, ni el coche de policía") solo uno ha reconocido haber arrojado objetos a los agentes.

Este acusado ha afirmado haber lanzado algún envase "tipo tetrabrik" de los contenedores volcados "por la rabia" que sintió al verse inmerso en una carga policial.

"No sé dónde impactaron, no llegué a verlo", ha manifestado Carlos P.N., que ha relatado que a raíz de la actuación de la UIP comenzaron los gritos y "a volar objetos". 

También se ha desligado de la línea general de los acusados Jaime M.S., quien ha declarado que no formó parte de la concentración pero que sí lo hizo en anteriores protestas "pacíficas" tras el 15-M, a las que ha atribuido el "error de identificación" que le ha sentado en el banquillo.

Por otro lado, a su llegada a esta sede judicial, el abogado Erlantz Ibarrondo, que defiende a varios de los acusados, ha cuestionado las identificaciones realizadas por los agentes con motivo de la convocatoria de protesta contra la Ley Mordaza.

"Las identificaciones no se corresponden a los vídeos aportados, que han sido cogidos de Internet u habrá que ver la cadena de custodia. Ahora veremos en el juicio si se esclarecen estas cuestiones", ha reseñado. 

Los acusados piden su absolución y la derogación de la 'Ley Mordaza'

Así, los encausados han pedido su absolución. "El miércoles se celebrará un juicio contra las que seremos las primeras víctimas de la 'Ley Mordaza'. Personas que en aquel momento teníamos entre los 17 y 23 años, y sobre los que podría pesar una pena de seis años de cárcel. Tan solo por haber participado en una manifestación, el segundo 'Rodea al Congreso' que se celebró para protestar contra el proyecto de 'Ley Mordaza'", señalaron en un comunicado previo al juicio.

Según explicaban en este documento, cinco de las personas que serán juzgadas fueron detenidas por agentes de paisano de la Brigada de Información el 20 de diciembre, seis días más tarde de la manifestación sobre personas previamente identificadas antes de la misma. "A algunos se les fue a buscar al instituto. A otros, a nuestras casas. Incluso hubo detenidos en el mismo Metro", apuntaron. 

A su juicio, estos arrestos tenían la intención de "amedrentar la protesta y servir como propaganda de la 'Ley Mordaza' y el Gobierno quiso lanzar un mensaje de que aumentaría las medidas de represión de la protesta tanto en la aplicación de las leyes existentes como con la aprobación de su nueva medida legislativa represiva, la ley Mordaza, que acababa de ser presentada el 29 de noviembre y que pese a toda la repulsa fue aprobada el 26 de marzo de 2014". 

Aunque reconocieron que esa protesta acabó con disturbios, aseguraban en el escrito que ellos fueron "escogidos de forma arbitraria sobre las personas identificadas antes de la manifestación y de que se produjera ningún disturbio". "A pesar de lo mucho que se ha alargado la instrucción, la Fiscalía no ha logrado encontrar aún una sola prueba que les relacione con los altercados", indicaban los encausados. 

Por todo ello, han pedido su absolución y la derogación de la 'Ley Mordaza', "que tanto miedo, represión e injusticias ha provocado desde que fue concebida como proyecto de ley".